El documento que le tienes que enseñar al auditor de la ISO 14001, hecho desde un corpus fechado y con la fuente de cada línea.
Precio de referencia. El servicio está en fase piloto y todavía no hay alta en línea ni facturación: hoy no se puede contratar desde esta página. El importe se publica porque es lo que costará, no como reclamo.
La ISO 14001 no deja margen en esto. La cláusula 6.1.3 obliga a determinar y mantener los requisitos legales que le aplican a la organización, y la 9.1.2 a evaluar periódicamente su cumplimiento y conservar la evidencia. No es una mejora opcional: sin ese expediente no se renueva el certificado, y sin certificado se cae de licitaciones y de homologaciones de cliente.
En la práctica se resuelve de dos maneras, y las dos tienen el mismo problema. O se paga a un consultor por horas —entre 2.500 y 5.000 € al año es lo habitual para el mantenimiento— o se mantiene a mano una hoja de cálculo que se copió de otra empresa y que envejece sin avisar. La segunda sale gratis hasta la mañana en que el auditor pregunta de dónde sale una línea concreta y desde cuándo obliga.
La lista de requisitos legales ambientales que le aplican a un centro de trabajo concreto: su actividad, su comunidad autónoma, sus autorizaciones. No un listado genérico de legislación ambiental española, que es lo que falla delante de un auditor, sino el subconjunto que alcanza a ese centro.
Cada requisito llega con su referencia oficial completa, el organismo del que emana, la fecha desde la que obliga y el enlace a la fuente. Todo fechado y con sello de versión, para que dentro de un año se pueda decir con exactitud qué se sabía y cuándo.
No es asesoramiento jurídico. Entrega texto oficial, referencia y fecha; no interpreta la norma ni la aplica a tu caso.
No dice si cumples. Dice qué te obliga. La evaluación del cumplimiento y la validación final del expediente son tuyas, como exige la propia norma.
No sustituye a tu consultor si lo tienes. Le ahorra la parte de rastrear el BOE y le deja el criterio, que es donde aporta.
No es una respuesta generada por un modelo de lenguaje. Cualquiera puede pedirle a un chatbot la legislación ambiental de su actividad y obtendrá algo plausible, sin fecha y sin fuente. Eso no sirve delante de un auditor, y es exactamente la diferencia por la que existe este servicio.
A mano. Se parte del corpus público de este sitio —82 instrumentos, 65 de procedencia oficial, con corte declarado—, se filtra por el perfil del centro y su comunidad autónoma, se revisa requisito a requisito y se entrega en 48 a 72 horas laborables.
El autoservicio —formulario de alta, expediente generado al momento, exportable automático y avisos por correo cuando algo cambia— está diseñado y planificado, pero hoy no existe. Cuando exista, se dirá aquí. Mientras tanto no se cobra por él ni se insinúa que esté.
49 €/mes
por centro de trabajo · 490 € al año
Revisé ocho proveedores españoles de cumplimiento legal ambiental antes de escribir esto. Ninguno publica tarifa: todos conducen a «solicitar demo» o «pedir presupuesto». Publicar el precio no es una decisión de marketing, es la diferencia entre un producto y una consultoría que se presenta como software.
Porque es lo que cuesta mantener. Dos centros en dos comunidades autónomas son dos taxonomías distintas que hay que seguir, y cobrarlo por usuario o por empleado no tendría relación con el trabajo real.
Busco los primeros cinco centros de trabajo sobre los que elaborar el expediente. Durante el piloto se entrega sin coste y sin compromiso posterior de ninguna clase.
Lo que pido a cambio es media hora de conversación después de que lo tengas delante: si te sirve, qué le falta, qué habrías esperado encontrar y no está. Eso vale más que el dinero en este momento del proyecto, y lo digo sin rodeos porque es la verdad.
Encaja bien si:
Este servicio informa de qué normas existen, a quién alcanzan y desde cuándo obligan. No constituye asesoramiento jurídico ni sustituye la consulta con un profesional, y la validación final del expediente corresponde siempre al cliente. Los datos proceden de fuentes públicas, con su procedencia y fecha declaradas requisito a requisito.